La evolución del Compliance en España: del Código Olivenza al Tribunal Supremo

El Compliance en España es una práctica que, como tal, cumple ahora ocho años de vida, contados desde su nacimiento oficial, que no fue otro que la introducción en el Código Penal de la responsabilidad penal de las empresas. Sin embargo, antes de su existencia tal y como lo conocemos hoy, ya había algunas pistas que señalaban el futuro devenir de lo que hoy conocemos como “cumplimiento normativo”.

Una de esas señales fue el Código Olivenza, con el que ya en 1997 se fijaron unos parámetros que servirían de guía para que las empresas implantasen un conjunto de normas internas con las que controlar, prevenir y evitar las conductas desleales de sus directivos y empleados. Es decir, unos parámetros con los que aplicar lo que ahora conocemos como programas de Compliance. Entonces, era inimaginable que las conductas de los empleados de una empresa pudiesen llegar a afectar tanto a la imagen y reputación de ésta, llegando incluso a provocar su cierre y bancarrota por, entre otras cosas, el pago de sanciones relacionadas con el incumplimiento de normas.

La estafa, fraude, alzamiento de bienes, administración desleal y apropiación indebida son algunos de los delitos más comunes en la administración de las corporaciones por los que se hizo necesario establecer un control interno en las empresas, dando entrada en su seno a un modelo de organización y gestión eficaz e idóneo con el que paliar la lacra de la corrupción. De este modo, las empresas no sólo controlarían que sus empleados no actuasen contra la normativa vigente, sino que, además, los directivos podrían eludir la responsabilidad penal en caso de que éstos incurriesen en alguna conducta tipificada.

La evolución del Compliance en España ha vivido su último hito destacado este mismo año, 2018, y ha sido nada menos que a través de un pronunciamiento del Tribunal Supremo, que ha recalcado en una reciente sentencia la importancia de implantar este tipo de programas en las empresas ya que, según el Alto Tribunal subraya, “una buena praxis corporativa en la empresa es la de implementar estos programas de cumplimiento normativo que garanticen que este tipo de hechos [delictivos] no se cometan, […] se den con mayor dificultad […] o se detecten de inmediato”.

Además, el Supremo abunda en su posición unívoca a favor de los programas de Compliance insistiendo en que la importancia de implantar protocolos de cumplimiento normativo radica, no sólo en la derivación de la responsabilidad penal a la empresa cuando los delitos afectan a terceros ajenos a la organización (como es el caso del alzamiento de bienes y la estafa), sino también en evitar aquellos delitos que afectan directamente a la corporación (como sucede con la administración desleal y apropiación indebida) y, por ende, en preservar la reputación de la empresa.

Sin duda alguna, el pronunciamiento del Tribunal Supremo a favor de la adopción de programas de Compliance ha supuesto todo un avance en la valoración que las empresas hacen del Cumplimiento Normativo y un espaldarazo a los profesionales del Compliance, aprovechando la sentencia en cuestión para ejemplificar las consecuencias de no aplicar este tipo de normas.

Actualmente, qué duda cabe, el Compliance goza de buena salud en España y cada vez más empresas lo consideran una herramienta fundamental con la que prevenir acciones delictivas de sus empleados y las responsabilidades derivadas, pero sobre todo, como salvaguarda de su reputación. Y es que, como decía Benjamin Franklin: “Hacen falta muchas buenas acciones para labrarse una buena reputación, pero solo una mala para destruirla”.

No Previous Articles

Next Article
The Red Flag Group - España
The Red Flag Group - España

The Red Flag Group® es una firma de servicios profesionales impulsada por la tecnología que aplica nuestro ...